Francia frena ley que amenazaba la privacidad digital: Telegram advierte sobre nuevos intentos en Europa

Francia vivió el mes pasado un intenso debate sobre privacidad digital tras el rechazo de la Asamblea Nacional a una polémica ley que exigía puertas traseras en aplicaciones de mensajería cifrada, una medida respaldada inicialmente por el Senado. La propuesta, incluida en un proyecto contra el narcotráfico, buscaba obligar a plataformas como WhatsApp o Signal a facilitar el acceso de las autoridades a comunicaciones privadas. Aunque la iniciativa fue bloqueada, el Prefecto de Policía de París reavivó la polémica hace tres días defendiendo su necesidad.

Según ha compartido Pavel Durov en su canal oficial de Telegram, esta victoria para la privacidad digital podría ser solo temporal. El fundador de la plataforma de mensajería advierte que diversos países europeos siguen presionando para implementar medidas similares, amenazando la seguridad de las comunicaciones cifradas y estableciendo peligrosos precedentes para la privacidad global. Durov califica estos intentos como "atajos técnicamente inviables" que debilitarían la seguridad de todos los usuarios.

Las puertas traseras son vulnerabilidades por diseño

Expertos en ciberseguridad advierten que es imposible crear un acceso exclusivo para "los buenos". Cualquier debilitamiento del cifrado genera vulnerabilidades explotables por ciberdelincuentes, gobiernos autoritarios o actores externos, como han demostrado varios casos históricos. En 2009, hackers chinos aprovecharon una puerta trasera de Google destinada al FBI, mientras que en 2017, fallos en dispositivos de Juniper Networks permitieron filtraciones masivas de datos sensibles de empresas y gobiernos.

"Una puerta trasera es una vulnerabilidad por definición. Si el FBI puede acceder, también lo harán los criminales", señala Matthias Pfau, CEO de Tuta Mail. La Coalición Global para el Cifrado añade que estas medidas convierten las apps en blancos prioritarios para ataques coordinados. Esta posición se refuerza tras el incidente BlueLeaks de 2020, cuando quedaron expuestos 269 GB de datos policiales por fallos en los sistemas de protección.

La ley francesa argumentaba combatir el narcotráfico, pero los analistas han puesto el dedo en la llaga: sería prácticamente inútil contra el crimen organizado. Los delincuentes simplemente migrarían a aplicaciones menos vigiladas o utilizarían VPNs para dar esquinazo a las autoridades, mientras plataformas como Olvid (recomendada por la agencia de ciberseguridad francesa) quedarían expuestas a vulnerabilidades. Los números no mienten: solo el 0,1% de las solicitudes policiales a Telegram en 2024 se relacionaron con drogas; la mayoría fueron por estafas financieras.

Telegram, criticada a menudo por su cifrado no predeterminado, se ha plantado como referente en este debate. La detención de Durov en Francia el año pasado destapó las tensiones entre gobiernos y plataformas tecnológicas. Según cuenta el empresario, su compañía nunca ha compartido mensajes privados, limitándose a proporcionar datos de usuarios bajo orden judicial legítima. Además, ha puesto las cartas sobre la mesa: saldrá de mercados que exijan comprometer el cifrado, priorizando la privacidad sobre la cuota de mercado.

Al final Telegram también ha cedido a la presión

Telegram se vio obligada a claudicar ante las exigencias gubernamentales

Sin embargo, el cambio en la política de privacidad de Telegram para compartir IPs y números de teléfono bajo requerimiento judicial demuestra que, por mucho que haya quienes se erijan en guardianes de la privacidad y la libertad, nadie está exento de claudicar cuando la presión es suficiente. Telegram, sin embargo, mantiene ciertas líneas rojas en cuanto al acceso a los contenidos.

La Comisión Europea tiene entre manos desde 2022 el Chat Control 2.0, una iniciativa que permitiría escanear mensajes cifrados para detectar material de abuso infantil. Aunque Alemania y Países Bajos han dicho "ni hablar" a esta medida por sus implicaciones en derechos fundamentales, España encabeza el bando favorable. Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior español, insiste en que es "imperativo acceder a los datos" en la lucha contra la criminalidad, lo que ha encendido un acalorado debate.

Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) no se andan con rodeos: estas medidas son vigilancia masiva disfrazada de protección ciudadana. Signal, que siempre ha ido de frente con la privacidad, ha amenazado con hacer las maletas y abandonar la UE si se aprueban regulaciones que comprometan su cifrado. No les falta razón para preocuparse: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya calificó de ilegal debilitar estos sistemas en una sentencia de 2023 que podría frenar muchas de estas iniciativas.

El cifrado no solo protege al ciudadano de a pie, sino también a infraestructuras críticas, periodistas, activistas y hasta gobiernos. Los datos son demoledores: en 2025, el 78% de los ciberataques a Francia vinieron de grupos rusos, lo que refuerza la necesidad de comunicaciones robustas. Como apunta sin rodeos Bruce Schneier en su análisis: "No se puede tener seguridad sin privacidad. Son dos caras de la misma moneda que no pueden separarse sin echarlo todo a perder".

La batalla por la privacidad digital sigue en pie mientras legisladores y expertos intentan cuadrar el círculo entre vigilancia y derechos fundamentales. Francia ha esquivado por ahora una bala que habría sentado un precedente peligroso, pero las presiones no aflojan. El derecho a la privacidad en la era digital depende cada vez más de que quienes toman las decisiones entiendan de una vez por todas que no hay atajos seguros en materia de ciberseguridad.

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