Fútbol, piratería y censura indiscriminada: los derechos de autor como excusa para bloquear la red

Me ha costado mucho tiempo sentarme a escribir sobre este tema, y no precisamente por falta de ganas. Al principio, simplemente no me lo creía: me parecía tan desproporcionado, tan ridículo, que asumí que sería un error puntual, un exceso temporal que se corregiría en cuanto alguien razonable lo revisara mínimamente.

Después, cuando vi que no desaparecía sino que se institucionalizaba, con jueces respaldando alegremente bloqueos masivos e indiscriminados de direcciones IP, como si cortar el acceso a miles de servicios legítimos fuese una medida aceptable en una democracia, me invadió una sensación de incredulidad aún mayor. ¿Cómo podía estar ocurriendo algo tan evidentemente disparatado, sin que nadie en el poder judicial se detuviera a considerar el descomunal desequilibrio de la situación? Solo entonces entendí que no era una anécdota ni un malentendido: era una muestra clara de hasta qué punto algunos jueces en España siguen sin tener la más mínima idea de cómo funciona internet, ni de lo que está realmente en juego cuando se permiten abusos como este.

En nombre de una supuesta cruzada contra la piratería digital, La Liga, la entidad que gestiona los derechos del fútbol profesional en España, ha decidido que el fin justifica cualquier medio. Con el objetivo de combatir las emisiones no autorizadas de partidos de fútbol, han decidido que si el precio era la libertad de expresión, el acceso a la información y la integridad de internet en su conjunto, era algo que se podía pagar. ¿Por qué? Porque en España, LaLiga se siente completamente por encima de la ley, como cuando decidieron que podían hacer que su app activase el micrófono de los smartphones para detectar si los bares estaban retransmitiendo fútbol sin pagarles.

La situación, si no fuese real, parecería un mal guión distópico. A través de resoluciones judiciales que no requieren supervisión posterior, LaLiga y su socio técnico, Telefónica, están llevando a cabo bloqueos semanales de direcciones IP que, según su criterio, podrían estar vinculadas con emisiones piratas. Pero la forma de hacerlo es tan burda como peligrosa: se bloquean rangos enteros de direcciones IP, afectando a miles de webs completamente legales en el proceso.

¿El resultado? Servicios tan cotidianos y ajenos al fútbol como X, Steam, Redsys, aplicaciones de pádel, medios regionales y múltiples herramientas empresariales se ven de repente inaccesibles en España, sin previo aviso, sin justificación alguna y sin indemnización por los daños. ¿Su pecado? Compartir infraestructura con algún sitio que, presuntamente, distribuye contenidos protegidos sin autorización. Y todo ello con el aval de unos tribunales que parecen haber abdicado de su función crítica para convertirse en meros sellos de aprobación de los deseos de los propietarios del entretenimiento nacional por excelencia.

Cloudflare, uno de los mayores proveedores de servicios de CDN y protección contra ataques en internet, ha llevado el asunto a los tribunales españoles calificando la situación, con toda la razón, de «desproporcionada» e «indiscriminada». Según detallan en varios documentos legales, La Liga solicitó el bloqueo de direcciones IP sabiendo perfectamente que afectarían a páginas legítimas. Cloudflare alega que esto viola los principios básicos del derecho y ha pedido formalmente que los tribunales declaren ilegales estas órdenes.

Obviamente, Cloudflare no puede tener más razón. La Liga y Telefonica no solo están bloqueando recursos legales sin procedimiento debido, sino que además se está utilizando una tecnología mal entendida, el cifrado Encrypted Client Hello (ECH), como excusa para justificar la eliminación masiva de acceso a IPs. Sencillamente, como ya no se puede ver fácilmente qué dominio se oculta tras una conexión cifrada, se opta directamente por bloquear toda la dirección IP.

La comparación con cerrar un edificio entero porque un inquilino ha cometido una infracción es perfectamente válida. Pero aún se queda corta: esto es más bien como cortar el suministro eléctrico a una ciudad porque una casa está pinchando la luz. La lógica de «si no lo puedo ver, lo bloqueo todo» no solo es técnica y legalmente aberrante, sino que representa una peligrosa deriva autoritaria.

El demencial argumento de fondo de La Liga es que el fútbol mueve cientos de millones de euros al año y que la piratería les causa pérdidas millonarias. Y sí, el fútbol profesional es un negocio que genera ingresos importantes. Pero no es, ni de lejos, un derecho fundamental, ni siquiera un servicio esencial. No justifica, bajo ninguna premisa democrática lógica, que se sacrifique el funcionamiento global de internet y los derechos de millones de usuarios.

La sentencia del juzgado mercantil número 6 de Barcelona, que da vía libre a estos bloqueos sin supervisión judicial constante, es un atentado a la lógica jurídica y al principio de proporcionalidad. Además de absurda, es demencial, porque alega que las páginas no han demostrado haber sufrido daño alguno… ¡¡cuando las han bloqueado completamente durante horas!! El juez que haya dictado esa sentencia no sabe de qué habla, o no tiene el más mínimo criterio. Como señala Cloudflare en su denuncia, estamos ante una extralimitación que desdibuja completamente los límites entre lo legal, lo arbitrario y lo totalitario.

Es fundamental que esto no se normalice. Si hoy se permite bloquear cualquier página porque comparte una IP con un infractor, mañana se podría justificar el cierre de plataformas enteras porque alojan una cuenta que comete una infracción de copyright. Este tipo de razonamientos ya han sido rechazados en otras jurisdicciones: sin ir más lejos, un tribunal francés denegó recientemente peticiones similares por considerar que el uso del “logo equivocado” no era prueba suficiente para bloquear un sitio entero.

La defensa de los derechos de autor no puede nunca convertirse en una licencia para desmantelar la arquitectura abierta de internet. La idea de que el fútbol lo justifica todo, incluyendo la censura preventiva, el castigo colectivo y la ignorancia deliberada del impacto a terceros inocentes, es no solo intelectualmente ridícula, sino jurídicamente insostenible con un mínimo de rigor.

Lo que está ocurriendo en España debe servir como advertencia global: cuando se entrega el control de los mecanismos técnicos de la red a entidades privadas con intereses comerciales, sin control judicial estricto y sin garantías para los usuarios, el resultado es una red rota, frágil y profundamente injusta. La única solución lógica a este caso es que un juez con un mínimo de criterio entienda la barbaridad que supone, y condene a La Liga y a Telefonica a indemnizar cuantiosamente a todas las páginas que han sido injustamente bloqueadas sin motivo alguno, sin haber violado ninguna ley ni haber incurrido en ningún comportamiento sancionable. Pero esto es España, y me temo que eso nunca va a pasar.

El entretenimiento jamás puede tener más valor que los derechos fundamentales. Y permitir que lo tenga es simplemente demencial.