Leyes peligrosas: proteger a las víctimas, sí, pero no a costa de nuestras libertades

La aprobación casi unánime de la Take It Down Act en el Congreso de los Estados Unidos (409 votos a favor frente a 2 en contra) era, a primera vista, absolutamente predecible. ¿Quién podría oponerse a una ley que criminaliza la publicación de imágenes íntimas no consentidas, incluidas aquellas generadas artificialmente mediante deepfakes? En un entorno donde la tecnología facilita cada vez más la creación de contenido falso y potencialmente devastador, proteger a las víctimas parecía, sin duda, urgente y necesario.

Sin embargo, como ocurre tan a menudo, el diablo está en los detalles. Que una ley obtenga una aprobación rápida y casi unánime, algo rarísimo en el clima político actual, suele ser un síntoma de que los intereses de los políticos están en juego. Si algo saben bien los miembros del Congreso es lo que significa ser blanco de ataques online, de imágenes manipuladas y de campañas de difamación. La tentación de protegerse a sí mismos era, esta vez, demasiado fuerte como para resistirse.

El problema no es el objetivo de la ley, nadie o prácticamente nadie duda de la necesidad de combatir el abuso mediante imágenes íntimas no consentidas, sino el arma que esta legislación pone en manos del gobierno. Donald Trump ya ha dejado claro que piensa usarla «siempre que sea necesario», escudándose en el hecho de que «nadie es tratado peor que él en la red». Suena a chiste, pero no lo es. Con la Take It Down Act, el gobierno puede exigir a las plataformas que eliminen contenidos en un plazo de 48 horas, sin garantías efectivas para verificar la veracidad de las denuncias.

¿Resultado previsible? Plataformas sometidas a presiones políticas, incentivos para eliminar preventivamente cualquier contenido polémico, y el final práctico de la encriptación de extremo a extremo, una de las pocas salvaguardas reales de la privacidad en la red. Como advierte la Electronic Frontier Foundation (EFF), las plataformas, para cumplir con la ley, podrían verse obligadas a vigilar todo lo que sus usuarios comparten, incluso en comunicaciones privadas, o a prescindir completamente de sistemas de cifrado.

¿Y qué decir de la Comisión Federal de Comercio (FTC), encargada de hacer cumplir esta ley? Trump ya ha demostrado su voluntad de politizarla, despidiendo a sus miembros demócratas en un gesto sin precedentes. ¿De verdad alguien cree que este instrumento no será utilizado de manera selectiva contra medios y plataformas considerados «enemigos»?

Las buenas intenciones no justifican crear herramientas que puedan ser utilizadas para censurar y controlar el discurso online. Las leyes de este tipo, aunque nacen bajo el paraguas de la protección a las víctimas, tienen un enorme potencial para ser pervertidas en instrumentos de represión política. Una sociedad verdaderamente libre debe ser capaz de proteger a sus ciudadanos sin sacrificar sus libertades fundamentales en el altar de la seguridad. Este mismo artículo, ilustrado con una caricatura de Donald Trump creada mediante inteligencia artificial, podría ser objeto de esta ley y ser retirado. Tengas la opinión política que tengas, ¿tendría algún sentido que fuera así?

Legislar para casos extremos, dejándose llevar por la alarma moral o el oportunismo político, nunca es una buena idea. La Take It Down Act es un recordatorio más de que las amenazas a nuestra libertad no siempre vienen disfrazadas de tiranía: a veces, en muchas ocasiones, se presentan envueltas en la promesa de protegernos.